La legislación costarricense define, con claridad meridiana, los deberes y derechos de los usuarios y funcionarios públicos. El conocimiento y práctica de ellos, por ambas partes, es lo que garantiza el correcto funcionamiento del sistema. Se espera que la guía y consejos ofrecidos en esta sección, cumplan el objetivo deseado: disminuir y, deseablemente, erradicar la mala práctica y los eventuales abusos en la administración pública y en la práctica privada.
Se recomienda al usuario, que previo al inicio de cualquier trámite en alguna institución pública central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas, consultar la Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, Ley N° 8220.