La Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N° 8220 y su Reglamento, recogen varios de los principios enunciados en las líneas precedentes, así como, otros principios rectores de la actividad administrativa y los derechos de los ciudadanos. Se constituye de esta forma en un valioso complemento a la Ley General de la Administración Pública, y la Ley Reguladora de lo Contencioso Administrativo.
Dentro de tales principios se encuentran los de: racionalidad, proporcionalidad, reglas claras y objetivas, cooperación institucional entre las oficinas de una misma institución y de cooperación inter-institucional entre los órganos y entes que conforman la Administración Pública. Así como, la presunción de buena fe, transparencia, eficiencia y eficacia de la actividad administrativa, a fin de eliminar las omisiones, los abusos y excesos de requisitos y trámites que han venido afectando al ciudadano en su quehacer con la Administración.
Esta Ley vino a enfatizar tales principios y ha obligado a la Administración a realizar una mejor labor de regulación, eliminando requisitos innecesarios y creando mecanismos de coordinación interinstitucional.
En el Reglamento a dicha ley se establece un procedimiento claro a seguir en aquellos casos en que las instituciones y sus funcionarios incumplan dicha ley, por lo que se recomienda su consulta.
En el anexo a esta sección se presenta la Ley 8220 concordada y anotada, a fin de que el Administrado también tenga acceso a una serie de pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la Procuraduría General de la República en relación con varios artículos de dicha ley.